El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, dictó una medida cautelar innovativa que hace lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de la causa contra la denominada “ley de modernización laboral” impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Con esta decisión, quedaron suspendidos 82 artículos de la Ley 27.802. Aunque la medida fue apelada por el Estado Nacional, el magistrado aclaró que “sigue vigente, hasta que se lo revierta”. Ojeda adelantó que la Corte Suprema de Justicia intervendrá en la resolución definitiva.
La cautelar se dictó “para evitar que se produzcan daños que podrían ocurrir”, explicó el juez, señalando que existe un trasfondo de inconstitucionalidad planteado en el expediente. La sentencia definitiva estaría disponible en aproximadamente tres semanas.
El juez destacó que la implementación de la ley podría afectar millones de contratos de trabajo, convenios colectivos que podrían ser deshomologados y sindicatos limitados en el ejercicio de medidas de huelga. “El universo afectado por los artículos es grande. No existe en nuestra historia una causa semejante”, manifestó.
Además de la CGT, otros gremios (como el personal aeronáutico y los docentes) presentaron pedidos de revisión de la normativa.
Ojeda subrayó que en política “se hace lo que es posible en el contexto” mientras que en la justicia “es dar a cada cual lo suyo”. Según explicó, “había una necesidad política de sacar la norma y salió”.
Finalmente, manifestó que corresponde al Poder Judicial controlar si “lo que está en vigencia coincide con la Constitución, que es la norma que no cambia”.
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