Trabajo, dignidad humana y responsabilidad del Estado Argentino
A propósito de la visita del Papa León XIV a la Argentina.
Por Cristina Azocar *
Una visita que vuelve a situar a la persona en el centro del debate sobre el trabajo
La visita de León XIV a la Argentina y, particularmente, su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina el 9 de noviembre de 2026, ofrecen una oportunidad singular para detenernos a reflexionar sobre el sentido humano, social y jurídico del trabajo en un momento de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y normativas. No fue casual que el Pontífice dirigiera su mensaje conjuntamente a trabajadores y empresarios, sindicatos y movimientos populares, docentes y representantes del mundo académico. Su convocatoria expresó, desde el comienzo, una comprensión del trabajo como realidad que atraviesa a toda la comunidad y cuya regulación no puede quedar reducida al interés aislado de ninguno de sus actores.
En ese encuentro, León XIV formuló una afirmación que constituye, en buena medida, el punto de partida de estas reflexiones: todo trabajo posee una característica que ninguna transformación productiva puede borrar, lo realiza una persona. Desde allí recordó que la dignidad de la persona humana constituye el principio más fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia y sostuvo que “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”, de modo que la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía.
Sus palabras adquieren en la Argentina contemporánea una particular resonancia jurídica. En efecto, nuestro país acaba de atravesar una profunda reforma de su legislación laboral y, entre las modificaciones introducidas, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo ha dejado de mencionar expresamente a la justicia social como criterio de integración del ordenamiento. Es precisamente allí donde el mensaje pronunciado durante la visita papal dialoga, casi inevitablemente, con una pregunta propia del Derecho: ¿puede desaparecer de la ley aquello que la Constitución continúa imponiendo como horizonte del desarrollo económico y social?
El interrogante no pretende trasladar una convicción religiosa al ámbito de la legislación estatal ni convertir la Doctrina Social de la Iglesia en fuente formal del Derecho argentino. El planteamiento es diferente y, a mi entender, más profundo. Se trata de reconocer una significativa convergencia entre la concepción humanista expresada por León XIV y los compromisos jurídicos que nuestra propia Constitución ha establecido cuando dispone que el trabajo gozará de la protección de las leyes y encomienda al Congreso promover el desarrollo humano y el progreso económico con justicia social.
La coincidencia se vuelve aún más sugestiva cuando el Pontífice se refiere a la función del Estado. Al desarrollar el principio de subsidiariedad, señaló que el Estado no debe absorber la iniciativa de las comunidades y de los cuerpos intermedios, pero debe mantener su poder regulador orientado al bien común y asumir aquellas responsabilidades que esas organizaciones no pueden cumplir. Frente a los riesgos que pueden derivarse de la inteligencia artificial y de una automatización desregulada, su mensaje resulta todavía más directo: “Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”, y el acceso al trabajo debe continuar siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y un criterio para juzgar la calidad humana de un modelo de desarrollo.
Es desde esa interpelación que nacen estas reflexiones. La visita de León XIV invita a volver a mirar el Derecho del Trabajo desde la persona que trabaja y, al hacerlo, obliga también a volver sobre una modificación legislativa que podría parecer pequeña si se midiera exclusivamente por las palabras eliminadas, pero que compromete una categoría profundamente vinculada con la identidad constitucional de nuestra disciplina: la justicia social.
En ese sentido, la modificación del artículo 11 no cierra la discusión sobre la justicia social, la reabre en su dimensión más profunda y nos obliga a preguntarnos qué lugar ocupa la persona que trabaja dentro del modelo económico y cuáles son los límites que la Constitución y los compromisos internacionales imponen al legislador cuando reforma el sistema de protección laboral.
Y quizás allí se encuentre el punto de encuentro más profundo entre el mensaje de León XIV y el constitucionalismo social: el desarrollo económico tiene sentido cuando está al servicio del desarrollo humano; la innovación es verdadero progreso cuando no deja a la persona atrás; y el trabajo merece protección porque quien trabaja no es un recurso, sino un ser humano dotado de dignidad.
* Abogada. Dra. en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Especialista en Derecho Público (UNC). Profesora UNRC – UBA.