Artículos de doctrina Editorial Rubinzal
La dignidad de las personas que trabajan frente a la reconfiguración ideológica del Derecho del Trabajo en Argentina
Autora: Azócar, Cristina
Cita: 668/2026
Fecha de publicación: 20/11/2026
Justicia social y dignidad humana ante la reforma de los artículos 4 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo por la Ley 27802 de Modernización Laboral.Encabezado:
El artículo examina conjuntamente las modificaciones de los artículos 4 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo introducidas por la Ley 27802, desde la dignidad humana, la justicia y el constitucionalismo social, y articula la concepción del trabajo y del objeto del contrato definida en el artículo 4 con los criterios de integración normativa del artículo 11, sosteniendo que la supresión de la referencia expresa a la justicia social no elimina su fundamento constitucional, aunque modifica su presencia explícita en la norma. A partir del mensaje del Papa León XIV y de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el sentido humano del trabajo, vincula esta lectura con los instrumentos internacionales de derechos humanos, los fundamentos protectores de la disciplina y los aportes de la doctrina laboralista. Asimismo, aborda la responsabilidad de la función judicial y la importancia del diálogo social para legitimar las transformaciones normativas. Las reflexiones finales afirman que toda modernización debe valorarse tanto por sus resultados productivos como por la protección de quienes trabajan y la equidad en la distribución de los costos sociales, armonizando productividad y libertad económica con dignidad humana y justicia social, sin reducir la relación laboral a un mero intercambio ni desnaturalizar su finalidad protectoria.
Sumario:
I. Introducción – La dignidad de quien trabaja en el centro del debate. II. Una modificación legislativa que excede la técnica normativa: La justicia social como fundamento jurídico y no como fórmula retórica. III. La Constitución Nacional y el cambio de paradigma: La justicia social no depende de una decisión legislativa de rango legal. IV. La Doctrina Social de la Iglesia: La economía al servicio de la persona y el diálogo social como condición de legitimidad. V. La justicia social y la función judicial ante la supresión de su mención legal. VI. Los artículos 4 y 11 de la LCT: Una necesaria interpretación conjunta desde la dignidad humana y la justicia social. VII. Reflexiones finales: Modernizar sin deshumanizar.
La dignidad de las personas que trabajan frente a la reconfiguración ideológica del Derecho del Trabajo en Argentina
I. Introducción – La dignidad de quien trabaja en el centro del debate
La visita del Papa León XIV a la Argentina interpela el debate sobre costos, productividad y reformas normativas con una exigencia que ninguna estadística debería relegar: la dignidad de quien trabaja debe ocupar el centro de toda transformación económica y legislativa. En el Encuentro con el mundo del trabajo (UCA, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026), el Pontífice recordó a trabajadores, empresarios, sindicatos y movimientos populares que la economía debe estar al servicio de la persona y no a la inversa[1]. Advirtió, además, que la pérdida del empleo no se agota en la privación de un ingreso material, sino que compromete profundamente la dignidad humana, la posibilidad de aportar a la sociedad y la pertenencia comunitaria.
Desde esta perspectiva antropológica y social, el trabajo no puede reducirse a una prestación susceptible de valoración económica, porque quien trabaja no compromete únicamente su capacidad productiva, sino también su tiempo vital y una dimensión esencial de su existencia, y esta mirada humana no sustituye el análisis jurídico ni convierte una enseñanza religiosa en fuente normativa, pero converge con los pilares del Derecho del Trabajo y del constitucionalismo social: la persona nunca es un medio económico, sino un sujeto de derechos cuya dignidad orienta la regulación laboral. Allí radica la pregunta central de este estudio: cómo deben interpretarse conjuntamente las reformas de los artículos 4 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo introducidas por la Ley 27802 de Modernización Laboral para preservar la dignidad de quien trabaja y la finalidad protectoria de la disciplina[2].
II. Una modificación legislativa que excede la técnica normativa: La justicia social como fundamento jurídico y no como fórmula retórica
Existen reformas legales cuya trascendencia no puede medirse por la cantidad de palabras que añaden o suprimen en un articulado, pues comprometen los valores que sustentan una disciplina jurídica, su razón de ser y el modelo de sociedad que proyectan. La sustitución del artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo dispuesta por el artículo 4 de la Ley 27802 constituye uno de esos supuestos[3]. El texto anterior establecía que, ante una cuestión que no pudiera resolverse mediante las normas que rigen el contrato o las leyes análogas, debía acudirse a los principios de la justicia social, a los principios generales del Derecho del Trabajo, la equidad y la buena fe.
La nueva redacción elimina expresamente la mención a la justicia social y dispone que dichas situaciones se resolverán conforme a los principios generales del Derecho del Trabajo, la equidad y la buena fe, aunque desde un enfoque formal podría sostenerse que la reforma no derogó el principio protectorio ni los principios generales de la disciplina, y que la justicia social sigue vigente por su jerarquía constitucional e internacional. Aunque ambas afirmaciones son exactas, ninguna autoriza a minimizar la modificación, pues excluir una referencia axiológica expresa en una norma de interpretación e integración no es neutral. El artículo 11 no es una regla meramente instrumental, sino una cláusula estructural de cierre que guía al juez cuando las disposiciones positivas resultan insuficientes, de modo que suprimir de su formulación expresa a la justicia social altera el horizonte valorativo desde el cual se abordan los conflictos laborales e invita a preguntarnos qué concepción del Derecho del Trabajo se pretende instalar al prescindir de una de las categorías históricas que explican su existencia.
En ese marco, conviene recordar que el Derecho del Trabajo no nació para regular voluntades equivalentes en igualdad material, sino porque esa igualdad formal encubría una asimetría estructural en las relaciones de producción que no desaparece con el mero consentimiento contractual. En efecto, mientras el trabajador compromete su fuerza laboral, su tiempo, su salud y su proyecto de vida, el empleador organiza los medios de producción, dirige la actividad y detenta la titularidad de la estructura económica. Esa disparidad explica la intervención del ordenamiento mediante normas imperativas de orden público, principios protectores, garantías individuales y colectivas y mecanismos de tutela diferenciada.
En ese contexto, la justicia social constituye mucho más que una aspiración moral o una fórmula retórica, puesto que opera como un criterio jurídico de distribución, integración y corrección de las desigualdades materiales. Su vigencia no desconoce la libertad contractual, la propiedad privada, la iniciativa empresarial ni el desarrollo económico, sino que reconoce que esas libertades encuentran límites legítimos en la dignidad humana y en el bien común, pues la justicia social no se opone a la economía, sino a una concepción reduccionista que convierte sus resultados financieros en un valor superior al de las personas que los hacen posibles, y tampoco es un privilegio sectorial, sino una exigencia de organización social fundada en la igualdad sustancial y la solidaridad, que en lo laboral cobra singular intensidad porque no existe trabajo separable de la persona humana, impidiendo interpretarlo solo desde el derecho patrimonial.
III. La Constitución Nacional y el cambio de paradigma: La justicia social no depende de una decisión legislativa de rango legal
La supresión de la expresión justicia social del artículo 11 de la LCT obliga a recuperar el verdadero marco normativo superior dentro del cual debe interpretarse la reforma, puesto que la Constitución Nacional no concibe el trabajo como una mercancía ni deja su protección librada exclusivamente a la autonomía de la voluntad. El artículo 14 bis establece un programa constitucional imperativo de protección del trabajo en sus diversas formas y reconoce derechos que constituyen límites materiales infranqueables a la potestad legislativa. La protección contra el despido arbitrario, las condiciones dignas y equitativas de labor, la jornada limitada, el descanso y las vacaciones pagados, la retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, la igual remuneración por igual tarea y los derechos colectivos no son concesiones contingentes de una política económica coyuntural.
A estas garantías se suma el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que encomienda al Congreso proveer al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social y a la promoción de la productividad de la economía nacional. Esta cláusula resulta significativa, pues nuestra Ley Fundamental no plantea una elección excluyente entre productividad y justicia social, sino que las incorpora dentro de un mismo mandato de desarrollo equilibrado; por su parte, el artículo 75, inciso 22 otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos que consolidan la protección de la dignidad, la igualdad y los derechos sociales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a trabajar, a condiciones laborales equitativas y satisfactorias y a una remuneración que asegure una existencia digna para el trabajador y su familia[4], mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 22 y 23, vincula directamente la seguridad social y el empleo con la dignidad de la persona[5]. Así, la justicia social no depende de su mención en una ley ordinaria: el legislador puede reformar normas infra constitucionales, pero no ordenar que los jueces prescindan de mandatos superiores, de modo que el nuevo artículo 11 debe interpretarse sistemáticamente con la Constitución y los tratados, siendo inválida cualquier lectura que abandone la finalidad protectoria.
Esta lectura sistemática se ve reforzada por los aportes de Mario E. Ackerman, cuyas advertencias respecto de la Ley 27802 permiten comprender que no estamos frente a una simple actualización técnica, sino ante un cambio de paradigma[6]. En sus intervenciones de febrero de 2026 cuestionó tanto la ausencia de un verdadero diálogo social en la elaboración de la reforma como las consecuencias regresivas que determinadas modificaciones proyectan sobre el sistema de garantías laborales y el artículo 14 bis[7]. Orgánicamente, el Derecho del Trabajo no admite reformas aisladas, pues cada cambio impacta sobre un sistema de principios complementarios, y no toda reforma implica una regresión, aunque debe evaluarse según sus efectos concretos y su compatibilidad con el constitucionalismo social; el problema surge cuando la modernización se identifica exclusivamente con la reducción de costos, la flexibilización de garantías o el debilitamiento de la tutela, de manera que una legislación moderna debe responder a las transformaciones productivas sin desnaturalizar su esencia protectoria: la competitividad genuina no puede edificarse sobre la vulnerabilidad de quien trabaja, la seguridad jurídica no equivale a suprimir derechos y la libertad económica no puede desvincularse de la responsabilidad social.
IV. La Doctrina Social de la Iglesia: La economía al servicio de la persona y el diálogo social como condición de legitimidad
Las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, renovadas en las palabras pronunciadas por el Papa León XIV en Argentina, ofrecen una fundamentación antropológica y ética de enorme relevancia para el debate jurídico contemporáneo. En su visita al país el Pontífice expresó que el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y que, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía[8]. Esta definición antropológica trasciende lo religioso al situar a la persona como fundamento y fin de toda organización económica y jurídica. Así, el trabajo no es una variable productiva ni una mercancía, sino una dimensión constitutiva de la vida humana, espacio de desarrollo personal, identidad y bien común.
León XIV advirtió, además, que privar a una persona de trabajo no significa solamente quitarle un sustento material, sino herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar creativamente a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, por lo que reclamó que el acceso al trabajo digno para todos continúe siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas, exhortando a un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales, sindicatos y empresarios para elaborar normas consensuadas, doctrina que se profundiza en su encíclica Magnifica Humanitas, promulgada en mayo de 2026, cuyos apartados 46 y siguientes y 157 reivindican la justicia social, el bien común, el destino universal de los bienes y la subsidiariedad, recordando que la libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y del respeto irrestricto a la dignidad de cada persona[9]. La coincidencia entre la Doctrina Social de la Iglesia y los fundamentos históricos del Derecho del Trabajo es plena: la dignidad humana constituye su cimiento último y la justicia social representa su proyección jurídica sobre las relaciones productivas.
De este magisterio social se desprende también una condición indispensable para la legitimidad de las transformaciones laborales: el diálogo social. Negar las profundas mutaciones productivas y organizacionales actuales sería desconocer la realidad; sin embargo, modernizar no significa desproteger, pues la cuestión central radica en determinar bajo qué condiciones ese cambio resulta socialmente justo y legítimo y, en ese horizonte, el diálogo social tripartito entre trabajadores, sindicatos, empleadores y Estado no es una formalidad decorativa, sino un mecanismo esencial de consenso que incorpora la experiencia real de los actores productivos, anticipa conflictos y construye soluciones sostenibles, si bien su ausencia no invalida formalmente una ley, debilita seriamente su legitimidad y paz social.
V. La justicia social y la función judicial ante la supresión de su mención legal
La modificación del artículo 11 de la LCT plantea un desafío interpretativo específico para la magistratura del trabajo, que deberá aplicar una norma que suprimió la referencia expresa a la justicia social pero que permanece inserta en un bloque constitucional que garantiza derechos sociales fundamentales. En nuestro ordenamiento, ninguna disposición puede interpretarse de manera meramente literal o aislada: el artículo 2 del Código Civil y Comercial exige interpretar la ley atendiendo a sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los tratados de derechos humanos y los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el sistema[10].
La supresión de la referencia expresa a la justicia social no impide que dicho principio continúe operando como criterio constitucional de interpretación ni habilita a desconocer el principio protectorio, la irrenunciabilidad de los derechos, la primacía de la realidad, la continuidad laboral, la buena fe y la aplicación de la norma más favorable. En particular, la reforma mantuvo el artículo 9 de la LCT, que consagra expresamente la regla de la norma más favorable y el principio in dubio pro-operario, por lo que la Ley 27802 no ha desarticulado formalmente el sistema protectorio[11]. Por ello, el nuevo artículo 11 debe armonizarse con los artículos 9, 10, 12 y concordantes de la LCT[12], con el artículo 14 bis constitucional y con los tratados internacionales. A fin de no debilitar la tutela judicial, la supresión textual exige mayor rigor argumentativo y fundamentación constitucional, evitando tanto el uso declarativo de la justicia social como interpretaciones regresivas.
En definitiva, la decisión del legislador en este contexto no puede eliminar del Derecho del Trabajo el principio que históricamente justificó su existencia. La justicia social no es patrimonio disponible de una ley ni depende de una mayoría legislativa coyuntural, porque está arraigada en el constitucionalismo social, en los compromisos internacionales del Estado argentino y en la estructura axiológica de la disciplina; suprimir su mención expresa puede restarle visibilidad normativa y reflejar una determinada orientación política, pero jamás puede borrar su fundamento constitucional, convertir al trabajo humano en una mercancía ni despojar al trabajador de su condición de sujeto de derechos. La justicia social constituye el horizonte irrenunciable del Derecho del Trabajo: una categoría jurídica, constitucional y democrática vinculante que impide tratar a la persona que trabaja como una simple variable de ajuste.
VI. Los artículos 4 y 11 de la LCT: Una necesaria interpretación conjunta desde la dignidad humana y la justicia social
La advertencia formulada por el Papa León XIV en su visita a nuestro país resuena con claridad en este punto: cuando el trabajador es valorado exclusivamente por su eficiencia productiva, la actividad laboral corre el riesgo de perder su dimensión humana y transformarse en un espacio de explotación y exclusión, reflexión que invita a interrogar toda reforma legislativa y toda interpretación judicial sobre si estamos construyendo una economía al servicio del ser humano o exigiendo que el ser humano se subordine sin más a las demandas del mercado.
Desde una lectura constitucional y convencional que reivindica la dignidad humana como fundamento, límite y finalidad de las relaciones laborales, las modificaciones introducidas por los artículos 2 y 4 de la Ley 27802 a los artículos 4 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo demandan una lectura conjunta que supere la literalidad aislada de cada precepto[13]. Por un lado, el artículo 2 de la Ley 27802 modifica la formulación del artículo 4 de la LCT referido al concepto de trabajo y al objeto del contrato, eliminando la secuencia originaria que distinguía con nitidez entre la actividad productiva y creadora del ser humano en sí y la relación de intercambio con su finalidad económica, y por otro lado, el artículo 4 de la Ley 27802 modifica el artículo 11 de la LCT, suprimiendo la referencia expresa a la justicia social entre los criterios legales de integración normativa.
Aisladas, ambas reformas parecerían meros ajustes técnicos; leídas sistemáticamente, proyectan una dicotomía sobre la concepción del trabajo y el lugar de la persona en el contrato. La clave radica en articular sus funciones: el artículo 4 cumple una función definitoria, manteniendo como objeto principal del contrato la actividad productiva y creadora del ser humano en sí; el artículo 11 cumple una función de integración normativa ante lagunas legales mediante los principios generales del Derecho del Trabajo, la equidad y la buena fe. Al integrar una laguna normativa recurriendo al artículo 11, el intérprete o el juez debe tener necesariamente presente la concepción del trabajo que expresa el artículo 4. Esta articulación sistemática impide reducir la relación laboral a un mero intercambio económico de prestaciones patrimoniales y exige orientar toda solución jurídica hacia la tutela de la persona que trabaja, pues no se trata de negar la dimensión económica del contrato, desconocer la libertad de empresa ni subestimar la necesidad de promover la productividad, la inversión y la generación de empleo genuino; se trata de recordar que la ley debe interpretarse siempre a la luz de la Constitución Nacional, y no la Constitución a la medida de la ley, y leídos conjuntamente bajo el prisma del artículo 14 bis y de la dignidad humana, ni el fin económico del contrato desplaza a la persona que trabaja ni la omisión textual de la justicia social en el artículo 11 basta para privar de sentido protectorio a los principios generales del Derecho del Trabajo, a la equidad y a la buena fe.
Bajo ese prisma se vislumbra con claridad que el desafío jurídico no consiste en negar el intercambio económico presente en todo contrato laboral, sino en impedir que se convierta en la única medida de la relación, ya que la productividad constituye una finalidad legítima, pero nunca una razón suficiente para cosificar al trabajador ni para relativizar las garantías que resguardan su dignidad: el trabajo puede tener un precio, pero la dignidad de quien trabaja no tiene precio.
VII. Reflexiones finales: Modernizar sin deshumanizar
El recorrido realizado demuestra que la modernización del Derecho del Trabajo no puede evaluarse únicamente por la eficiencia productiva, la reducción de costos laborales o la flexibilidad contractual, sino también por la protección efectiva de la persona que trabaja y la calidad humana de sus resultados. El constitucionalismo social, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los fundamentos protectores de la disciplina ofrecen el marco normativo indispensable para armonizar productividad y libertad económica con dignidad humana. El magisterio del Papa León XIV y la Doctrina Social de la Iglesia aportan una reflexión antropológica y ética convergente con ese enfoque, sin sustituir las fuentes jurídicas ni la fundamentación técnico-normativa exigible a quienes interpretan y aplican el derecho.
La lectura conjunta y complementaria de los artículos 4 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo concreta esta perspectiva en el plano hermenéutico: la concepción humanista del trabajo del artículo 4 debe iluminar necesariamente la aplicación de los criterios de integración normativa del artículo 11, impidiendo que la supresión expresa de la justicia social vacíe de contenido protector al sistema laboral. En esta tarea, la función judicial asume una responsabilidad decisiva al fundamentar sus decisiones de manera sistemática y respetuosa de las garantías superiores, mientras que el diálogo social tripartito resulta indispensable para construir consensos sostenibles.
Modernizar sin deshumanizar exige que la justicia social opere como una exigencia jurídica efectiva y no como una fórmula retórica: ninguna finalidad económica puede convertirse en la única medida de la relación laboral, porque la productividad es un medio legítimo, pero la dignidad de la persona que trabaja constituye un límite absoluto e irrenunciable.
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| [1] | León XIV, Discurso ante el mundo del trabajo, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026 (viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, 6 al 17 de noviembre de 2026). |
| [2] | Ley 20744 de Contrato de Trabajo, arts. 4 y 11; Ley 27802 de Modernización Laboral, arts. 2 y 4. |
| [3] | Ley 27802, art. 4, modificatorio del art. 11 de la Ley 20744. |
| [4] | Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 6 y 7. |
| [5] | Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 22 y 23. |
| [6] | Ackerman, Mario E., Modernización Laboral. Ley 27802, 1.ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, mayo de 2026, pág. 39 y 40. |
| [7] | Ackerman, Mario E., entrevista en Radio Sudamericana, “Esta reforma laboral nació mal y apunta a quitar derechos”, 18 de febrero de 2026. |
| [8] | León XIV, Discurso ante el mundo del trabajo, cit. |
| [9] | León XIV, Magnifica Humanitas, Carta Encíclica, firmada el 15 de mayo de 2026 y publicada el 25 de mayo de 2026, ap. 46 y ss. y 157. |
| [10] | Código Civil y Comercial, art. 2. |
| [11] | Ley 20744, art. 9. |
| [12] | Ley 20744, arts. 9, 10, 12 y concordantes. |
| [13] | Ley 27802, arts. 2 y 4, modificatorios de los arts. 4 y 11 de la Ley 20744. |