El Dictamen P.E. 159/25, que recomienda la aprobación del proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, introduce modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo que configuran un cambio sustancial del modelo protectorio vigente.
El proyecto amplía la autonomía de la voluntad individual, flexibiliza modalidades contractuales, redefine el concepto de remuneración y debilita institutos centrales como la presunción de laboralidad y la protección contra el despido arbitrario.
Estas reformas plantean serios interrogantes de constitucionalidad y convencionalidad a la luz del art. 14 bis de la Constitución Nacional, del art. 75 inc. 22 y de los Convenios de la OIT ratificados por la República Argentina, especialmente en relación con el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos sociales.
La modernización normativa exige compatibilidad con el bloque de constitucionalidad federal y con el rol histórico del Derecho del Trabajo como herramienta de equilibrio frente a desigualdades estructurales.
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