El 2 de abril, las cinco Fuerzas de Seguridad de la Argentina realizaron una protesta inédita con un abrazo al Edificio Centinela, reclamando condiciones dignas de trabajo, salarios justos y, sobre todo, la posibilidad de ser escuchados.
Un conflicto recurrente
El episodio se suma a una dinámica que se repite en el país: protestas policiales, desconcierto político y la misma pregunta sobre la falta de canales democráticos para que quienes sostienen el orden puedan defender sus propios derechos.
Las fuerzas de seguridad se encuentran en una paradoja: son trabajadores, pero no pueden ejercer plenamente los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. No tienen derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente ni reclamar sin exponerse a sanciones disciplinarias. El resultado es previsible: el conflicto se acumula y estalla.
Lo que se presenta como una “crisis de seguridad” es también una crisis de derechos laborales invisibilizados, sin un canal institucional para ser atendidos. El problema no es la protesta, sino la ausencia de representación.
Si bien las fuerzas operan bajo un régimen especial de jerarquía y disciplina que justifica ciertas limitaciones en el ejercicio de derechos colectivos, estas particularidades no pueden interpretarse como una supresión absoluta de derechos fundamentales.
La experiencia comparada muestra soluciones intermedias: esquemas de representación profesional, instancias específicas de negociación y modelos de participación que permiten prevenir conflictos sin comprometer la operatividad del servicio.
Estándares internacionales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la libertad sindical como derecho humano fundamental, del cual derivan la sindicalización, la negociación colectiva e incluso la huelga. En Argentina, estos derechos fueron acogidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y replicados en constituciones provinciales.
Avanzar hacia mecanismos formales de representación y otorgar a las fuerzas de seguridad la posibilidad de sindicalizarse aparece como una deuda pendiente. No se trata solo de mejorar la situación laboral de un sector, sino de fortalecer la calidad institucional del Estado.
Dra. Cristina Azócar Abogada. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Especialista en Derecho Publico (UNC). Prof Adj. regular de la UNRC y docente UBA.
Autora del libro “ La Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad. El Servicio Penitenciario. Armonización con otros Derechos” Ed. Rubinzal Culzoni -2025. Cofundadora del Foro del Derecho del Trabajo y presidente de entidad -2016-2021- . Publicista y conferencista. Titular del Estudio Juridico AZOCAR.