Fuerzas de seguridad y dialogo institucional: una deuda pendiente.
“El problema no es la protesta, es la ausencia de representación”.
La escena se repite. Este 2 de abril, otra vez, pero ahora de manera inédita, las cinco Fuerzas de Seguridad de nuestro país, salieron a la calle a reclamar, con un abrazo al Edificio Centinela, lo que el sistema les niega puertas adentro: condiciones dignas de trabajo, un salario justo y, sobre todo, la posibilidad de ser escuchados.
En este contexto se reabre un debate que la Argentina viene postergando desde hace décadas: la necesidad de contar con vías institucionales adecuados para canalizar los reclamos laborales de un sector clave del Estado.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, lo ocurrido se inscribe en una dinámica recurrente.
Otra vez una protesta policial. Otra vez el desconcierto del poder político. Otra vez la misma pregunta ¿cómo puede ser que quienes sostienen el orden democrático no tengan canales democráticos para defender sus propios derechos?
En Argentina, las fuerzas de seguridad están atrapadas en una paradoja insostenible: son trabajadores, pero no pueden ejercer plenamente los derechos que la Constitución reconoce a todos los trabajadores. No pueden sindicalizarse, no pueden negociar colectivamente y, en muchos casos, ni siquiera pueden reclamar sin exponerse a sanciones disciplinarias. En ese marco el resultado no debería sorprender a nadie, por el contrario, es previsible: el conflicto no desaparece, se acumula y estalla.
Lo que hoy se presenta como una “crisis de seguridad” es, en realidad, también una crisis de derechos laborales invisibilizados durante años, sin un canal de dialogo donde exponerlos para ser atendidos.
El problema no es que las fuerzas reclamen, sino que no tengan donde ni como hacerlo. Y cuando la seguridad no tiene voz, el silencio nunca es garantía de orden. Es, apenas, la antesala del conflicto.
En este punto, resulta necesario abandonar simplificaciones. Las fuerzas de seguridad operan bajo un régimen particular, atravesado por principios de jerarquía, disciplina y continuidad del servicio que justifican ciertas limitaciones en el ejercicio de sus derechos colectivos, especialmente el derecho de protesta y huelga. Sin embargo, estas particularidades no pueden ser interpretadas como una habilitación para la supresión absoluta de derechos fundamentales, ni para la inexistencia de un diálogo sincero institucionalizado.
La experiencia comparada y los estándares internacionales han avanzado en soluciones intermedias: esquemas de representación profesional, instancias especificas de negociación y modelos de participación que, sin comprometer la operatividad del servicio, permiten prevenir conflictos y ordenar la relación laboral dentro de parámetros institucionales.
Conforme la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la libertad sindical es un derecho humano fundamental de la que derivan otros derechos como la sindicalización, la negociación colectiva e inclusive la huelga. Desde esta posición fueron acogidos estos derechos por nuestro país para todos los trabajadores a través del art. 14 bis de la Constitución Nacional y a partir de allí en las demás constituciones provinciales.
En este contexto, avanzar hacia mecanismos formales de representación otorgando a esta categoría profesional la posibilidad de sindicalizarse aparece como una deuda pendiente que exige ser abordada con seriedad técnica y decisión política, porque lo que está en juego no es únicamente la situación laboral de un sector, sino la calidad institucional del propio Estado.
Cristina Azócar [1]
[1] Abogada. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales UNC. Prof. Adj. Regular de la UNRC y Docente de la UBA. Autora del libro “Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad. El Servicio Penitenciario. Armonización con otros Derechos”. Edit. Rubinzal Culzoni – 2025. Especialista en Derecho Publico Provincial y Municipal UNC. Cofundadora del Foro de Derecho del Trabajo y presidente de la entidad desde 2016 a 2021.