En el marco del debate legislativo sobre la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, la abogada Cristina Azócar, Dra. en Derecho y Ciencias Sociales y miembro del Foro de Derecho del Trabajo, brindó un ameno reportaje en el programa “Informe 16”, conducido por Gabriel Martella y Fabian Petenatti de LV 16, destacando el alcance y las implicancias del proyecto.
Según la especialista, el texto representa un cambio de paradigma profundo en la normativa laboral argentina. Entre los puntos destacados, Azócar señaló que la reforma minimiza el principio protectorio, hasta prácticamente eliminarlo, lo que podría generar un incremento en la litigiosidad, en contraposición al objetivo del Poder Ejecutivo de reducir la denominada “industria del juicio”.
En dicho sentido Azocar, agregó “Esta reforma es regresiva porque reduce derechos históricos sin crear empleo, baja costos a costa de la dignidad del trabajador y rompe el equilibrio mínimo que exige la Constitución”.
Respecto al impacto en las pequeñas y medianas empresas, la abogada advirtió que los beneficios anunciados no alcanzan para promover la registración de trabajadores ni para generar empleo genuino, ya que la solución para ello no se logra con reformas a leyes laborales, de hecho, con la sanción de la Ley Bases, promovida con los mismos objetivos, éstos no fueron alcanzados, por el contrario, con la reforma se benefician los grandes empleadores y es sistema financiero, no el trabajador ni las Pymes.
En particular, cuestionó el sistema propuesto de Fondo de Cese Laboral (FAL), indicando que se financia con fondos previsionales, lo que pone en peligro la sustentabilidad del sistema previsional. En este sentido agregó que “mediante el FAL se elimina el efecto disuasorio de las indemnizaciones ante el despido sin justa causa. Si despedir no cuesta nada, el trabajador queda indefenso frente al situaciones de abuso”. En ese marco advirtió.
En relación con los contratos vigentes, Azócar explicó que las nuevas disposiciones se aplicarán a todas las relaciones laborales activas al momento de la sanción de la ley, cambiando las reglas de juego iniciales, como por ejemplo, el reemplazo del pago de horas extras por esquemas como el “banco de horas”.
La especialista también expresó preocupación por la constitucionalidad de varios artículos del proyecto, señalando posibles conflictos con la Constitución Nacional, con Tratados Internacionales y normas de jerarquía superior. Según su análisis, esto podría derivar en una ola de planteos judiciales tanto por parte de trabajadores como de empleadores.
Finalmente, Azócar lamentó la falta de consulta a expertos locales durante el proceso legislativo, indicando que en la ciudad de Río Cuarto existen espacios de diálogos como por ejemplo, el generado por el Foro de Derecho del Trabajo con capacidad técnica para aportar al debate.
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