5 de noviembre de 2026

Autos: “Cabaña Opanasiuk, Leonardo c/ UNIR S.A. y otros s/ despido” y otros siete expedientes acumulados.

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Firmantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

¿Cuál era la cuestión debatida?

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria de los créditos. Como consecuencia, había dispuesto que los créditos laborales se actualizaran mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3 % anual. Contra esa decisión, las demandadas interpusieron recursos extraordinarios federales cuestionando la declaración de inconstitucionalidad.

¿Qué cuestión introduce la Corte?

La Corte advierte que, con posterioridad a las sentencias recurridas, entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada el 6 de marzo de 2026. En particular, considera aplicable su artículo 55, que establece un régimen específico para la actualización de los créditos laborales correspondientes a juicios en trámite que todavía no cuentan con sentencia definitiva. El Tribunal recuerda que sus decisiones deben contemplar las circunstancias existentes al momento de resolver, incluso cuando se trate de normas posteriores a la interposición del recurso extraordinario. Por ello, entiende que debe aplicarse la nueva legislación.

¿Qué establece el artículo 55 de la Ley 27.802?

El artículo 55 dispone un sistema de actualización con tres reglas. Como regla principal, establece que los créditos laborales deben actualizarse mediante la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina para el período correspondiente.

Asimismo, fija un límite máximo según el cual el resultado de aplicar esa tasa pasiva no puede superar el importe que resulte de adicionar al capital histórico la variación del IPC suministrado por el INDEC y un interés del 3 % anual.

Por otra parte, determina un límite mínimo, estableciendo que el resultado no puede ser inferior al 67 % del cálculo previsto para el límite máximo, es decir, del monto que surge de aplicar la variación del IPC más un interés del 3 % anual.

Además, dispone que estas normas son de orden público y deben ser aplicadas por los jueces de oficio o a petición de parte. En consecuencia, se configura un sistema de actualización con un techo y un piso legalmente establecidos.

¿Qué resuelve concretamente la Corte?

La Corte adopta tres decisiones. En primer lugar, declara inoficioso pronunciarse sobre la cuestión constitucional planteada respecto de las leyes 23.928 y 25.561. En segundo término, deja sin efecto las sentencias de la Cámara en lo pertinente. Finalmente, ordena devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se dicten nuevos pronunciamientos conforme a las pautas establecidas por la Ley 27.802.

Las costas se imponen por su orden.

Es importante destacar que la Corte no declara la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad del régimen anterior, sino que considera que, ante la nueva normativa, perdió actualidad la cuestión sometida a su conocimiento.

Importancia jurídica y consecuencias del fallo

Este pronunciamiento tiene especial trascendencia por diversas razones. En primer lugar, la Corte considera aplicable el artículo 55 de la Ley 27.802 a procesos que ya estaban en trámite y que todavía no contaban con sentencia definitiva firme.

En segundo lugar, desplaza el debate sobre la inconstitucionalidad de las prohibiciones de actualización monetaria contenidas en las leyes 23.928 y 25.561, al entender que existe una nueva regulación legal que determina cómo deben actualizarse esos créditos.

Asimismo, el carácter de orden público del artículo 55 impone a los tribunales la obligación de aplicar sus parámetros aun cuando ninguna de las partes lo solicite.

Por último, las decisiones de Cámara que habían establecido el mecanismo de actualización basado en IPC más un interés del 3 % anual quedan sin efecto en lo pertinente y deben dictarse nuevos pronunciamientos ajustados al nuevo marco legal.

Incidencia sobre la litigiosidad laboral

El fallo tiene potencial impacto sobre una gran cantidad de causas laborales pendientes, particularmente aquellas en las que se había cuestionado la prohibición de indexación y se había recurrido a mecanismos de actualización basados en el IPC.

La Corte no está resolviendo que el mecanismo de actualización basado en IPC más un interés del 3 % anual sea obligatorio para todos los créditos laborales. Lo que hace es reconocer que dicho mecanismo constituye el límite máximo previsto por el artículo 55 de la Ley 27.802.

El sistema legal establece como pauta de cálculo la tasa pasiva determinada por el BCRA, fija como techo el resultado que surge de aplicar la variación del IPC más un interés del 3 % anual y establece como piso el 67 % de ese último resultado.

Por lo tanto, no corresponde interpretar el fallo como una ratificación lisa y llana del mecanismo de actualización basado en IPC más un interés del 3 % anual.

Este pronunciamiento representa un antecedente relevante en la interpretación de la Ley de Modernización Laboral y, particularmente, en el tratamiento de los créditos laborales pendientes de resolución definitiva. Sin embargo, deja sin resolver una cuestión de fondo de enorme importancia constitucional: si la aplicación de los límites legales de actualización garantiza efectivamente la integridad del crédito laboral y respeta el principio protectorio, el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva.

 * Cristina Azócar

La dependencia de los adolescentes a las plataformas digitales y el nuevo deber de protección. El caso Meta como llamado de atención al Derecho

Hay un dolor que todavía no tiene nombre. Es el de tantos padres que, detrás de la puerta de la habitación de sus hijos adolescentes, escuchan el silencio de una casa que parece tranquila, pero saben que del otro lado hay una pantalla encendida.

Es tarde. El hijo debería estar durmiendo. Sin embargo, continúa conectado. Una notificación, un mensaje, un video, otra respuesta. La cadena de estímulos parece interminable. El padre pide que deje el teléfono. “Ya voy”, responde. Y ese “ya voy” se repite una y otra vez.

Lo verdaderamente doloroso no es solo el tiempo frente a la pantalla, sino la sensación de distancia: el hijo conversa menos, se encierra, necesita mirar y responder de manera constante, busca aprobación en cada interacción. Una conversación familiar puede interrumpirse por una notificación, y muchas veces la pantalla logra captar más atención que la voz de los padres.

Ellos quedan atrapados en una contradicción desgarradora: si ponen límites, sienten que invaden; si no los ponen, sienten que abandonan. Si controlan, temen perder el vínculo; si dejan de controlar, temen llegar demasiado tarde. Surge entonces una pregunta que no debería ser únicamente familiar: ¿es razonable exigir a los padres que controlen aquello que una industria tecnológica está diseñada para hacer más difícil de controlar?

No se trata de demonizar las redes sociales. Son también espacios de comunicación, aprendizaje y creatividad. El problema aparece cuando la búsqueda de atención y permanencia entra en tensión con derechos fundamentales de quienes aún están construyendo su personalidad, su autoestima y sus vínculos. Porque un adolescente no es simplemente un usuario: es un sujeto de derechos en desarrollo.

Cuando el mundo digital nunca duerme

Las plataformas no tienen sueño. Nuestros hijos sí. Por eso adquiere relevancia el acuerdo alcanzado en Estados Unidos entre Meta y fiscales generales estatales, que constituye un antecedente de enorme interés. No se limita a una compensación económica: avanza sobre el diseño y funcionamiento de las plataformas cuando los usuarios son adolescentes.

Entre las medidas acordadas figuran restricciones nocturnas, desactivación de notificaciones, límites predeterminados de uso, mecanismos de verificación de edad y herramientas de supervisión parental. La lógica es clara: si la tecnología puede mantener conectado al adolescente, la respuesta no puede ser únicamente pedirle que se desconecte. También debe revisarse el diseño de esa tecnología.

Allí aparece el verdadero significado jurídico del caso Meta: la protección deja de estar depositada exclusivamente en la familia y comienza a proyectarse sobre quienes crean y administran el entorno digital.

Del daño consumado a la prevención

El Derecho tradicionalmente preguntó: ¿quién responde cuando el daño ya ocurrió? El nuevo escenario obliga a formular otra pregunta: ¿quién tenía capacidad de prevenir razonablemente ese daño?

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061, la Ley 26.657 y el artículo 1710 del Código Civil y Comercial consagran el deber de prevención y la protección integral de la salud mental. La conclusión es inevitable: la protección no puede comenzar cuando aparece el diagnóstico, sino mucho antes, cuando existen riesgos previsibles y medidas razonables para reducirlos.

Autonomía y protección

El adolescente reclama autonomía, y tiene derecho a ella. Pero autonomía progresiva no significa ausencia de protección. Un joven de 14, 15 o 16 años sigue siendo vulnerable frente a manipulación, presión social y búsqueda compulsiva de aprobación. El interés superior del niño no puede desaparecer detrás de la palabra “autonomía”. Se trata de proteger sin asfixiar, acompañar sin invadir, poner límites sin romper el vínculo y exigir responsabilidad a quienes poseen las herramientas tecnológicas para reducir riesgos.

Salud mental y contenidos de riesgo

El acuerdo Meta contempla medidas frente a contenidos vinculados con suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios, así como mecanismos para detectar conductas de riesgo. La plataforma deja de ser vista solo como instrumento de comunicación y pasa a ser considerada un entorno capaz de incidir en el bienestar y la salud mental de los adolescentes.

El derecho a desconectarse

En Argentina aún no existe un derecho autónomo denominado “derecho a la desconexión digital nocturna de niños y adolescentes”. Sin embargo, puede construirse como manifestación de derechos ya reconocidos: salud, descanso, desarrollo integral y protección especial de la infancia. La desconexión no sería un fin en sí mismo, sino una herramienta de protección.

¿Y los padres?

Ellos no necesitan únicamente consejos. Necesitan que la sociedad comprenda que la crianza cambió porque cambió el mundo en el que se cría. Un padre puede retirar un teléfono, pero no puede apagar Instagram. Puede establecer una regla, pero no controlar un algoritmo. Puede pedir que su hijo duerma, pero no impedir que una plataforma reclame su atención a las dos de la mañana. Proteger a los adolescentes también significa ayudar a los padres a protegerlos, creando un entorno tecnológico que no trabaje permanentemente en sentido contrario.

Una nueva responsabilidad social y jurídica

El caso Meta debería abrir en Argentina una discusión seria: no sobre prohibir redes ni demonizar la tecnología, sino sobre establecer un deber de cuidado digital reforzado respecto de niños y adolescentes. Ese deber podría incluir límites razonables de uso, desconexión nocturna, silencio de notificaciones, verificación de edad, protección frente a contenidos de alto riesgo, herramientas de supervisión parental y evaluación del impacto de las plataformas sobre la salud mental.

Una última reflexión

Quizás dentro de algunos años nos preguntemos cómo aceptamos que niños y adolescentes llevaran dispositivos capaces de acompañarlos las 24 horas, sin reglas suficientes para proteger su descanso y desconexión. El problema nunca fue solo el teléfono, sino el modelo tecnológico diseñado para que volver fuera fácil y salir difícil.

Proteger a nuestros hijos no significa alejarlos del futuro, sino exigir que ese futuro sea digno de ellos. Porque detrás de cada pantalla hay un adolescente que todavía está aprendiendo quién es. Y detrás de cada adolescente hay un padre o una madre que espera que su hijo deje el teléfono, se siente a conversar y vuelva a mirarlo a los ojos.

La salud mental de nuestros hijos no puede protegerse únicamente cuando el daño ya ocurrió. Debe protegerse antes. Y quizás el primer derecho que debamos garantizar sea, simplemente, el derecho de nuestros hijos a que durante unas horas el mundo digital deje de llamarlos. Para que puedan dormir. Para que puedan crecer. Para que podamos volver a encontrarnos.

Dra Cristina Azócar Abogada. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Especialista en Derecho Publico (UNC). Prof Adj. regular de la UNRC y docente UBA.

Titular del Estudio Jurídico AZOCAR