Derecho del Trabajo – Impuesto a las Ganancias
Cobro del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes remuneratorios. Breves consideraciones
En los últimos meses previos a las elecciones generales, la discusión relativa al cobro del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores dependientes ha estado en boga de todos los sectores políticos.
Es por ello que en la presente nota se abordará, de manera sucinta, dicho aspecto desde una mirada jurídica.
Primeramente, resulta esencial tener en consideración la especial naturaleza que detenta el salario y que lo diferencia de los otros hechos imponibles gravados por el impuesto a las ganancias.
En efecto, cuando se trata de créditos de naturaleza laboral, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que en los hechos no se afecte el objeto de aquellos, cual es la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar mediante la provisión de los alimentos, vivienda, abrigos, y demás elementos imprescindibles para su correcto desarrollo. Más aún cuando estos ingresos también se encuentran destinados a la cobertura de los riesgos de ancianidad, que se hacen manifiestos en las etapas avanzadas de la vida del hombre donde su ayuda es más necesaria.
Por ello, es que somos de la idea de que deviene irrazonable y carente de toda lógica jurídica asimilar o equiparar las prestaciones obtenidas a cambio del trabajo humano – como único medio con el que cuenta el hombre para garantizar su subsistencia – a rendimientos, rentas, enriquecimientos, etc. obtenidas como derivación de alguna actividad con fines de lucro de carácter empresarial, mercantil o de negocios productores de renta que la ley tipifica con lujo de detalles en su articulado.
Y esto parte de un enfoque central que no puede ni debe perderse de vista: la mirada antropológica que demanda nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994 que incorpora y equipara a ella los tratados internacionales de derechos humanos y, con ello, el reconocimiento del hombre como eje y centro de todo el sistema jurídico; como fin en sí mismo y como valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen simple carácter instrumental (CSJN en Fallos 323: 3229)
Esta especial naturaleza que detenta el salario como único medio de subsistencia de la clase trabajadora es la que lleva a que desde diversos sectores sociales, políticos y hasta jurídicos se profundice el cuestionamiento del salario como ganancia en los términos de la ley impositiva; tal como es de público conocimiento a partir del tratamiento parlamentario que se está llevando a cabo al respecto en la actualidad.
A su vez, esta posición de considerar que la remuneración percibida como contraprestación por el trabajo realizado no resulta asimilable con una ganancia es la que mejor se adecúa a nuestro ordenamiento jurídico guiado por la Constitución Nacional.
Efectivamente, si hacemos un análisis exegético del texto constitucional, advertimos que aquel no solo no equipara al salario con la ganancia, sino que marca sus tajantes diferencias. El artículo 14 bis menciona al salario de tres maneras distintas. En primer lugar, como retribución cuando establece el derecho a una “retribución justa”; luego lo denomina salario cuando establece su carácter alimentario con la instauración del “salario mínimo vital y móvil”; y por último lo menciona como remuneración al establecer el principio de “igual remuneración por igual tarea”. En cambio, habla del término ganancia al hacer alusión al derecho a “participar en las ganancias de la empresa”, asociando este término a las utilidades que obtiene una empresa. Ergo, cuando una ley equipara a ganancia algo que el texto constitucional claramente diferencia, aquella la contraría y, por ende, el único resultado posible es su inconstitucionalidad.
Pero no obstante ello, una realidad insoslayable que no puede dejar de ser tenida en cuenta es que el tributo sobre el salario pregona la informalidad laboral y la percepción de remuneraciones fuera de la registración pertinente a los fines de que el trabajador no sufra una merma en los salarios netos a percibir.
Y aún más, el gravamen atenta contra los principios de desarrollo y progreso porque los ignora. Ignora y desconoce que, para percibir un salario que supere los mínimos no imponibles, el trabajador (en la mayoría de los casos) tuvo que estudiar durante AÑOS, trabajar durante AÑOS, esforzarse durante AÑOS sacrificando esparcimientos, tiempos de familia, de amigos, para llegar al lugar y a la posición laboral que le permite percibir una remuneración mayor al mínimo no imponible. Con la vigencia del tributo, no es irracional que el dependiente se pregunte: “¿Para qué continuar mejorando si la remuneración a percibir, luego de retenido el tributo, será igual a la anterior? ¿Para qué asumir mayores responsabilidades? ¿Para qué trabajar más? Si, a fin de cuentas, el fruto de mi mayor trabajo no lo terminaré percibiendo yo”
Conclusión.
Entendemos que el mero hecho de que la contraprestación percibida como fruto del trabajo sea gravado atenta contra el desarrollo humano y el progreso económico en abierta contradicción con la manda constitucional del art. 75 inc. 19, por las razones que a lo largo del presente hemos desarrollado.
No obstante, advertimos también que cada vez hay mayor consenso en la posición aquí sostenida y una proliferación a cuestionar la constitucionalidad del artículo que grava las rentas obtenidas como fruto del trabajo brindado.
Y resultaría necio negar que esta tendencia encontró terreno fértil a partir del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “García, María Isabel C/ AFIP”, el cual fijó un camino del que, a opinión de quien suscribe, no podemos prescindir.
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