El Seminario de Derecho Laboral realizado el pasado 2 y 3 de octubre por la AADTYSS contó con la presencia de la Dra. Cristina Azocar quien participó junto con la ex ministra de Trabajo de la Nación Graciela Camaño y el ex diputado nacional Rodrigo de Loredo en el panel sobre “DIALOGO INSTITUCIONAL Y DEMOCRATICO” coordinado y moderado por el Lic. Humberto Roggero.
En dicha oportunidad se debatió sobre el futuro de la Argentina y los desafíos que plantea la transformación del mundo del trabajo.
El encuentro permitió poner en diálogo distintas perspectivas políticas, jurídicas e institucionales sobre una cuestión central: ¿Qué reforma laboral necesita nuestro país y dentro de qué límites constitucionales debe construirse?
La discusión se desarrolló en el contexto de las transformaciones introducidas por la Ley 27.742 y, posteriormente, por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, que modificaron diversos institutos de la legislación laboral.
Estas reformas reabrieron debates relevantes sobre registración laboral, empleo no registrado, protección frente al despido y equilibrio entre productividad, inversión y derechos laborales.
En ese marco la ex diputada nacional Graciela Camaño sostuvo que, “cuando hablamos de reformas en la República Argentina la Constitución Nacional debe ser el punto de partida y cuando se trata de reformas laborales cobra fundamental relevancia el art. 14 bis, en cuanto garantiza, tanto aspectos del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo como así también de la seguridad social”. Camaño enfatizó que, a su vez, deben respetarse los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados por el art. 75 inc. 22 por la C.N. al bloque de constitucionalidad federal, por eso “una reforma laboral no puede evaluarse únicamente desde la eficiencia económica o la reducción de costos”.
A su turno De Loredo compartió con el auditorio su experiencia en el debate parlamentario del proyecto de la Ley Bases, exponiendo su posición sobre las multas y los agravamientos vinculados con el empleo no registrado o deficientemente registrado.
Rodrigo de Loredo explicó que, durante la discusión de la Ley de Bases, su propuesta había sido eliminar las multas de la Ley de Empleo, pero mantener la doble indemnización, manteniendo así la protección contra el despido arbitrario, diferenciando la finalidad sancionatoria de la función reparadora de la indemnización.
Esta distinción resulta relevante en cuanto no todos los instrumentos de protección laboral tienen la misma naturaleza ni cumplen la misma función. Una multa puede perseguir una finalidad sancionatoria o disuasoria. Una indemnización cumple, en principio, una función reparadora. Y una garantía constitucional establece un estándar de protección que el legislador debe respetar.
En ese contexto la Dra. Cristina Azocar, compartió su preocupación sobre la necesidad de que toda transformación legislativa respete las fuentes superiores del ordenamiento jurídico, lamentando la perdida de una gran oportunidad de “hacer las cosas bien “, en lo que respecta a las recientes reformas laborales.
Acto seguido la Dra. Azócar dio apertura al debate preguntando a De Loredo si su bloque había evaluado otras medidas, tendientes a evitar la litigiosidad, que no recaigan sobre la eliminación de todo o parte de las multas.
El debate no se redujo a una oposición entre “multas sí” y “multas no”, sino que se analizó qué objetivo cumple cada herramienta y qué efectos produce su eliminación o modificación sobre el sistema de protección laboral.
Finalmente se concluyó que el Derecho del Trabajo no puede permanecer ajeno a las transformaciones productivas, pero tampoco puede renunciar a su función histórica: proteger la dignidad de la persona que trabaja y equilibrar una relación en la que las partes no se encuentran en condiciones de igualdad. Por eso, la modernización debe ser jurídicamente consistente, económicamente viable y socialmente legítima.
“No se trata solamente de modificar artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de construir un nuevo pacto sobre el trabajo que contemple al empresario que produce e invierte, al trabajador que necesita estabilidad y dignidad, al Estado que debe garantizar reglas claras y a las organizaciones sindicales y empresariales como actores indispensables”, se concluyó en el panel.
La participación de jóvenes juristas, magistrados, funcionarios, docentes, académicos y abogados laboralistas enriqueció especialmente el encuentro. Sus preguntas y aportes demostraron que el futuro del trabajo no puede ser definido por un solo sector y que el verdadero desafío es demostrar que una Argentina más productiva también puede ser una Argentina más justa.